En audiencia pública, el juez César Augusto Pinea Fernández, declaró procedente el desistimiento de la solicitud de detención preliminar judicial en flagrancia que había sido planteada inicialmente
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, Juliaca, ha programado para este sábado 26 de abril a las 02:00 p.m. una audiencia virtual de prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público presentara el requerimiento de prisión preventiva por un plazo de nueve meses contra ocho investigados por el delito de robo agravado.
La audiencia, que se realizará a través de la plataforma virtual Google Meet, fue convocada tras la recepción, el día 25 de abril a las 5:03 p.m., del requerimiento de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
Previamente, en audiencia pública, el juez César Augusto Pinea Fernández, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, declaró procedente el desistimiento de la solicitud de detención preliminar judicial en flagrancia que había sido planteada inicialmente. La fiscal a cargo del caso solicitó dicho desistimiento argumentando razones de estrategia de investigación, precisando que aún restan diligencias importantes por realizarse.
El caso involucra a siete efectivos policiales y a un civil (dueño de la camioneta), quienes habrían participado en un asalto a mano armada en una vivienda ubicada en la salida a Lampa. La víctima fue identificada como Dioselina Chiple Choquehuanca.
Tras el desistimiento aceptado en audiencia, el juez ordenó el archivamiento del incidente de detención preliminar, sin pronunciamiento de fondo sobre los hechos. Sin embargo, la representante del Ministerio Público adelantó que en las próximas horas formalizaría el requerimiento de prisión preventiva, el cual ya ha sido admitido para evaluación.
Este caso ha generado gran expectativa en la ciudad de Juliaca, debido a la gravedad de los hechos imputados y al involucramiento de efectivos policiales en un delito de esta naturaleza.
La audiencia de prisión preventiva será crucial para determinar si los investigados deberán enfrentar su proceso judicial privados de su libertad durante los próximos nueve meses.