Fiscal de la Fiscalía Especializada en materia ambiental de Puno, indicó que, a los mineros ilegales lo que más les interesa es el tema económico, no les importa si generan impactos ambientales o no
Óscar Jiménez Chura, fiscal de la Fiscalía Especializada en materia ambiental de Puno, indicó que, a los mineros ilegales lo que más les interesa es el tema económico, no les importa si generan impactos ambientales o no, para este sector sería suficiente que cualquiera de las actividades ilegales sea rentable, impactando el ecosistema. En las investigaciones que realizan los impactos ambientales son tan evidentes, y todos los ciudadanos aportamos para la remediación del mismo, cuando con las ganancias de la minería ilegal podría financiarse algunas obras e incluso garantizar el acceso al agua a los peruanos.
Enfatizó que, falta una decisión política que se plasme en normas que permitan a la policía, al fiscal y a la autoridad administrativa que puedan cumplir con su labor. En el caso específico del REINFO, que es un proceso de formalización minera que se dio desde el año 2012 para pequeños mineros o mineros artesanales legalicen sus actividades extractivas, pero ha transcurrido más de 12 años y se dieron tres procesos de ampliación, no hay resultados positivos, particularmente en Puno de acuerdo al cuadro estadístico de más de 14 mil 400 inscritos, solamente 174 se han formalizado.
Reconoció que, hay una falencia y por la normatividad que existe esto sería de competencia tanto del Congreso y el Poder Ejecutivo, donde hay cierta descoordinación de realidades diferentes que se pueden suscitar tanto en costa, sierra y selva, lo que traerá cierta trascendencia porque se incrementará más los delitos ambientales, peor aún si uno está en proceso de formalización.
Lamentablemente existe un Decreto Legislativo 1351, que exceptúa de responsabilidad penal a aquellos que se inscriban en el REINFO, una vez más traerá consecuencias en el medio ambiente como actualmente se vive a nivel nacional, se espera que los mineros se formalicen y no esperen la última hora. Se emitió la ley 31388 que debe vencer el 31 de diciembre del presente año, pero por presión social el Congreso prorrogó esta fecha, el pasado 30 noviembre del 2024 a través de un dictamen.
Recordó que, los mineros ilegales quienes no cumplen con todos los protocolos exigidos por la ley y no están inscritos en el REINFO, estarían trasladando nuestros minerales al país de Bolivia.
Estimó que, a nivel de la región de Puno, superaría las 1500 hectáreas que ha sido deforestadas por la minería ilegal, mientras que, en los últimos cinco años 50.000 hectáreas han sido afectadas en la Amazonía peruana, muchas de ellas en áreas protegidas cercanas a Puno. Asimismo, trae otros delitos conexos como: lavado de activos, pérdida de extinción de dominio, corrupción, crimen organizado, trata de personas y otros.
Espera que, al 30 de junio del 2025 la mayoría de los mineros ilegales ya estén formalizados, donde la autoridad administrativa policial y fiscal cumplirá la labor que les corresponde, mientras no se concretice se continuará hablando de minería ilegal y se generará cierta impunidad.
