La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco alertó a las autoridades regionales, provinciales y distritales sobre la persistencia de los altos índices de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, debido a que en lo que va del año, los centros emergencia mujer (CEM) de la región ya han atendido 3745 casos.
Según estadísticas del programa Aurora, hasta agosto de 2023, Huánuco representaba el 5.4 % de víctimas de feminicidio y el 3.4 % respecto a casos de tentativa a nivel nacional. Además, de acuerdo a investigación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) y el INEI, publicado en 2022, Huánuco es el quinto departamento del Perú con mayor población penitenciaria por el delito de feminicidio.
Ante esta situación, la jefa de la Oficina Defensorial de Huánuco, Lizbeth Yllanes, revisó la “Consulta amigable” de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), advirtiendo que de las cuatro actividades programadas por el Gorehco para la prevención de la violencia en sus diversas formas, una tenía un avance de 50.7 % y las otras tres restantes no llegaban ni al 40 %.
A nivel de las provincias, solo cuatro de las once que conforman la región Huánuco han realizado gestiones para efectuar acciones de prevención de la violencia. La provincia de Puerto Inca cumplió al 100 % con sus actividades, Huánuco tenía apenas el 3.7 % de cumplimiento, mientras que Leoncio Prado y Huamalíes el 0%.
Asimismo, solo cuatro distritos de la región han programado acciones relacionadas al cierre de brechas, de los cuales solo la Municipalidad Distrital de Yuyapichis ejecutó el 100 % de sus actividades, el municipio distrital de Yacus ejecutó el 3.7 %, en tanto, los distritos de Monzón y Pucayacu, aún no han ejecutado.
Preocupa a la Defensoría del Pueblo el poco interés de las autoridades de la región en planificar e implementar acciones para hacer frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
En ese sentido, exigieron a los titulares del Gorehco, municipalidades provinciales y distritales planificar las actividades o proyectos para el año 2024, correspondiente a la categoría presupuestal 1002 – Productos Específicos para la reducción de la violencia contra la mujer. Además, se recomienda asignar presupuesto para atender las políticas de prevención, conforme a la Ley n.° 30364.
La Defensoría del Pueblo recuerda la obligación de los alcaldes de instalar y programar reuniones continuas de las respectivas instancias de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En estos espacios se debe fortalecer las acciones planificadas y articuladas de prevención y atención de las diversas formas de violencia de género que afectan a las mujeres durante todo su ciclo de vida.
