La situación de Jorge Torres Saravia, allegado al partido Alianza Para el Progreso y sindicado como el cabecilla de la red de prostitución en el Congreso, se complica.
Esto, al conocerse que las contrataciones que hizo fueron millonarias y porque la comisión de Fiscalización que preside, Juan Burgos, ha pedido los vídeos de las cámaras de seguridad del Parlamento, del 2 al 20 de diciembre, además de haber citado a la mujer que lo denunció por abuso sexual.
Como se sabe, Jorge Torres ingresó el 21 de agosto del 2023, al mes de ejercer como presidente del Parlamento, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso. Fue el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, también de APP, quien firmó la resolución que lo designó como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso (OLCC).
Cuando ingresó Torres elevó el personal
Desde entonces, aumentó la cantidad de personal a 33 personas en las áreas de Asesoría Jurídica y Defensa de las Leyes, unidades orgánicas. Y, por tanto, el gasto en planilla llegó a S/4,6 millones entre setiembre 2023 y noviembre 2024, cuando lo destituyó Eduardo Salhuana.
Así, Torres Saravia contrató a Andrea Vidal Gómez (quien murió acribillada), Karla Ruiz Ponce y otras siete personas en octubre del 2023. Entre estas, Arturo Benites Goicochea, Óscar Ayala Ledesma, Carlos Castro Cruzado, según investigación de El Comercio.
También ingresó José Rubio Preciado, quien lo reemplazó, en febrero de este año, cuando Torres renunció para postular a la Procuraduría del Congreso. En abril, Rubio contrató a Alexandra Gil Ramírez.
Y en mayo, cuando retornó, Torres siguió incrementando el personal y la OLCC pasó a tener 12 trabajadores, cuando solo tenía antes entre cuatro y cinco. Otros 21 trabajadores eran de Asesoría Jurídica y Defensa de las Leyes.
Citan a declarar a mujer que acusó a Torres de violación
Asimismo, Burgos Oliveros citó a declarar, para la segunda semana de enero, a la mujer que denunció en enero de 2020 a Torres Saravia por violación sexual y que sería víctima de amedrentamiento por parte del exfuncionario, según dio a conocer la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow.
Cuando se le cuestionó por una carta notarial que le envió a su denunciante, el 14 de este mes, a fin de que se retracte, Torres Saravia, aceptó haberla enviado, pero, para defender su honor porque, según dijo, no abusó de ella.
Comisión de Fiscalización pide vídeos de diciembre
Cuando el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del legislativo, solicitó los vídeos de las cámaras de seguridad del Complejo Legislativo del 1 de julio al 31 de agosto de este año, el oficial mayor, Forno Flores explicó que, según el jefe de la Oficina de Seguridad, Luis Fernando Reátegui Lazarte, se habían borrado.
“Debido a la poca capacidad de almacenamiento de los equipos con que cuenta el sistema de videovigilancia institucional, (…) solamente se guarda información de los últimos veinticinco días y los archivos anteriores se van borrando”, decía en respuesta.
El general PNP, Reátegui Lazarte, exmiembro del comando general Diropesp tiene una imputación por homicidio calificado a título de dolo eventual con alevosía y grave por la muerte de adolescentes en las protestas de Apurímac del 2022.
Borrar vídeos puede ser delito de encubrimiento real
Es por ello, que el congresista Burgos le ha hecho una segunda petición a Forno, requiere los vídeos de las cámaras del Congreso, ubicado en la avenida Abancay, en el Centro de Lima, desde el 2 al 20 de diciembre de este año. Con lo que el oficial mayor del Congreso no podrá decir que no entregará el material.
De acuerdo a especialistas en derecho penal, el haber borrado las imágenes podría ser configurado como un delito de encubrimiento real a las investigaciones que ha iniciado Fiscalización y que en enero, llevará a cabo ya la Fiscalía.
Se supo este lunes que, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, viajará a la República Popular China del 5 al 10 de enero de 2025 como parte de una visita oficial.
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