En un contexto de creciente preocupación por los conflictos socioambientales en la región, la minería ilegal en Puno se ha convertido en un factor que agrava las tensiones entre comunidades y autoridades. Durante un reciente encuentro en la zona, David Montoya Chomba, representante de la Presidencia del Consejo de Ministros en la prevención de conflictos, destacó la importancia de adoptar estrategias preventivas y coordinadas para enfrentar esta problemática.
Estrategia Nacional para la Prevención y Gestión de Conflictos
Montoya Chomba explicó que se está desarrollando la Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos, un instrumento clave que busca anticiparse a las situaciones de crisis y fortalecer la coordinación entre los niveles de gobierno —provincial, municipal y regional—. Según el funcionario:
“Estamos desarrollando la Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos, un instrumento que busca enfrentar los conflictos de manera preventiva y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno: provincial, municipal y regional.”
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Esta iniciativa se centra en generar propuestas adecuadas que permitan al Estado actuar de manera anticipada ante situaciones de conflicto social, promoviendo un enfoque preventivo que contribuya a la estabilidad y la buena convivencia en todo el país.
Impacto de la Minería Ilegal en el Medio Ambiente
Aunque la minería ilegal no constituye el foco principal de la nueva política, Montoya subrayó que sus efectos sobre los recursos naturales, especialmente el agua, han obligado a incluir esta problemática en las deliberaciones. La explotación ilegal de minerales afecta gravemente el equilibrio ecológico y pone en riesgo el suministro de agua, un recurso vital para las comunidades de Puno.
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El funcionario destacó la relevancia de un proceso participativo en la elaboración de esta política, en el que se recogen las opiniones de diversas regiones:
“Estamos en un proceso participativo, recogiendo las opiniones de las regiones para que podamos tener propuestas adecuadas que generen un Estado más preventivo en la resolución de los conflictos.”
Esta estrategia de diálogo y consenso busca construir soluciones integrales y efectivas que respondan a la complejidad de los desafíos socioambientales que enfrenta la región.
Hacia una Gestión Organizada y Efectiva
Durante el encuentro en Puno, se hizo evidente la urgente necesidad de establecer respuestas permanentes que permitan gestionar de forma organizada los conflictos relacionados con la gestión del agua y otros recursos naturales. Montoya concluyó enfatizando que el nuevo instrumento institucional no solo mejorará la coordinación entre las diversas instancias gubernamentales, sino que también contribuirá a minimizar los enfrentamientos y a promover una convivencia social más armónica:
“Este instrumento permitirá a los gobiernos trabajar de manera más organizada y efectiva, minimizando los conflictos y mejorando la convivencia social en todo el país.”
La puesta en marcha de la Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos representa un paso decisivo para abordar de manera integral las tensiones que surgen de prácticas como la minería ilegal, y para fortalecer el compromiso del Estado en la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades en Puno.
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