El Procurador Público de la Municipalidad Provincial de San Román, Walter Mamani Pacori, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Penal Corporativa contra el director Regional de Transportes y Comunicaciones, Beto Ángel Portillo Calcina, y contra quienes resulten responsables, por la presunta falsificación y ocultamiento de la Resolución Regional N° 472-2020, documento clave que autorizaba el uso del terreno donde se construirá el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Juliaca.
Denuncia y sujetos involucrados
La acción legal se basa en la presunta comisión de falsedad genérica y desaparición dolosa de la Resolución 472-2020, emitida el 18 de diciembre de 2020. Según el escrito presentado, Portillo Calcina ‘junto a funcionarios o terceros implicados’ habría sustraído el expediente original e introducido un documento alternativo sin valor jurídico, con el propósito de desconocer la cesión indefinida del predio “Campamento de Taparachi” a favor de la Dirección Regional de Educación de Puno.
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Antecedentes de la Resolución 472-2020
Mediante este acto administrativo, el gobierno regional cedió el uso del terreno para garantizar la ejecución del proyecto educativo del COAR, orientado a formar a jóvenes talentos en ciencias y deportes. El expediente, avalado por la Secretaría Técnica y comunicado al Ministerio de Educación, contaba con sello de registro y firma digital, lo que refuerza la sospecha sobre la existencia de dos versiones del mismo documento.
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Supuesta manipulación y perjuicio
El Procurador Mamani Pacori sostiene que la supuesta ocultación habría generado retrasos en la ejecución de obras y puso en riesgo la inversión pública destinada a la institución de alto rendimiento. Además, la alteración del archivo oficial podría derivar en responsabilidad penal de quienes validaron el documento adulterado, afectando la transparencia en la gestión regional.
Solicitud de investigación y medidas cautelares
En su denuncia, el representante legal de la Municipalidad Provincial de San Román solicita el inicio inmediato de una investigación penal y la adopción de medidas cautelares para asegurar la integridad del expediente original. Asimismo, pide la identificación y sanción de los responsables, y que se restablezca el derecho de uso del terreno en favor de la educación regional.
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