La Defensoría del Pueblo emitió un urgente llamado a la Policía Nacional en Juliaca tras reportar la desaparición de dos menores al inicio del año escolar 2025, situación que ha generado gran preocupación en la comunidad educativa y entre las familias.
Llamado urgente por celeridad en la respuesta policial
Nivardo Enríquez Barriales, coordinador del módulo defensorial de Juliaca, denunció públicamente prácticas que contravienen la normativa vigente. En uno de los casos, un efectivo policial habría instruido a un padre a esperar 48 horas antes de formalizar la denuncia de desaparición de su hijo, acción que Enríquez calificó de «ilegal».
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Según explicó, el Decreto Legislativo Nº 1428 establece de forma clara que las denuncias por desaparición deben registrarse de inmediato, garantizando así una respuesta pronta y eficaz ante situaciones potencialmente críticas. «En ese lapso de 48 horas podrían ocurrir hechos lamentables, incluso situaciones de alto riesgo», advirtió el coordinador de la Defensoría.
Recomendaciones y coordinación interinstitucional
Ante esta alarmante situación, la Defensoría del Pueblo insta a la Policía Nacional a proceder conforme a la ley, iniciando de forma inmediata las diligencias y la búsqueda de los menores desaparecidos. Entre las medidas urgentes se encuentra la revisión de cámaras de seguridad en la zona del suceso y la coordinación estrecha con vecinos e instituciones locales para agilizar la investigación.
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Además, Enríquez subrayó la relevancia de mantener una comunicación constante entre padres y representantes de los niños. «Conocer el entorno y las personas con quien interactúan nuestros hijos es crucial para que, en caso de desaparición, la policía disponga de información precisa que facilite su localización», explicó.
Implicaciones y llamado a la acción
El reporte de estos hechos ha encendido las alarmas en Juliaca, evidenciando la necesidad de reforzar protocolos de actuación policial y garantizar que la respuesta a denuncias de desaparición se efectúe sin demoras. Las familias y la comunidad educativa esperan que las autoridades tomen medidas inmediatas para evitar que este tipo de situaciones se repita, protegiendo así la integridad y seguridad de los menores al inicio de este nuevo año escolar.
La Defensoría del Pueblo se mantiene atenta a los avances del caso, exigiendo transparencia y celeridad en cada una de las acciones emprendidas por la Policía Nacional para recuperar a los niños y disipar la incertidumbre que ahora pesa sobre la comunidad.
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