Dina Boluarte Zegarra, presidenta de la República del Perú terminó el año 2024 repudiada por los peruanos, con investigaciones que implican varios delitos y viviendo en su propio universo en el que no hay mea culpas, pero sí, mucha falsedad y mediocridad.
En el Perú solo la aprueba un 5 % de ciudadanos según la encuesta de noviembre del IEP. Su impopularidad ha llegado al plano internacional y ocupa el último lugar del ranking de aprobación de mandatarios de Sudamérica. Hasta Nicolás Maduro la supera. Sus presentaciones a puerta cerrada y con una fastuosa seguridad delatan que no puede salir.
Quizás sea porque uno de sus mayores errores ha sido demostrar de manera constante y firme su desinterés por las demandas del pueblo. No ha dudado en enfrentar a quien debía servir y proteger. E incluso, se ha burlado en varias ocasiones en sus mensajes. El más reciente, decir que con “diez soles se puede comer hasta con postre”.
¿Por qué se investiga a Dina Boluarte y cuáles serían los delitos?
Dina Boluarte tiene nueve investigaciones que implican delitos graves. Las acusaciones son por presunto homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo.
Caso rinoplastía. Boluarte no ejerció sus funciones varios días en junio del 2023 por una cirugía estética. El delito constitucional sería, abandono del cargo presidencial, pero no informó al Congreso lo que hubiera determinado que la reemplazará el presidente del poder Legislativo.
Caso Rolexgate. Esta investigación incluye la carpeta de acusaciones de cohecho pasivo impropio por la no declaración de relojes y joyas por parte de Boluarte. Y la carpeta de enriquecimiento ilícito, por un presunto desbalance en sus cuentas bancarias y el origen de depósitos realizados entre julio de 2021 y agosto de 2022.
Caso Cofre. Se investiga el uso del vehículo presidencial, el ‘cofre’ y su posible vinculación con la fuga de Vladimir Cerrón. Según un testigo, Boluarte transportó a una amiga al condominio Mikonos, donde la policía buscaba al líder del partido Perú Libre. El delito presunto es encubrimiento personal y omisión de actos funcionales que alcanza al ministro del Interior.
Patricia Benavides, el Eficcop, Perú Libre y muertos en protestas
Caso Reuniones secretas. Dina Boluarte se habría reunido con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, entre cuatro y cinco veces, según el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva. Se cuestiona un posible intercambio de beneficios que habrían influido en decisiones judiciales. Habría derivado en la comisión del delito de cohecho por parte de la mandataria.
Desactivación del Eficcop. Más allá de la evidente venganza por el allanamiento a su domicilio, se les acusa a Boluarte y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez de encubrimiento personal y abuso de autoridad. Se investiga si al desactivar el equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) se intentó obstaculizar investigaciones sobre corrupción.
Caso Los Dinámicos del Centro. Boluarte habría cumplido una función en la contabilidad de las cuentas del partido Perú Libre en la campaña electoral de 2021. Se investiga el origen del posible financiamiento ilegal de esta campaña, que estaría vinculado a actividades ilícitas.
Caso Muertes en protestas sociales. La más grave de todas. Está dividida en la carpeta por homicidio calificado, junto a sus ministros, por la muerte de cinco manifestantes. Y la otra carpeta por lesiones graves y lesiones leves, a título de comisión por omisión, por la muerte de 44 personas y 116 heridos, producto de las protestas.
Defensa a ministros ineficientes o con responsabilidades políticas
Algunos de los puntos de menos que se le da a Dina Boluarte es por el accionar de sus ministros. Desde que inició su mandato, ha tenido 57 ministros y ha cambiado a 38 en el Gabinete. Y pese a los serios cuestionamientos que han recibido los actuales titulares de distintos pliegos, no solo los mantiene, sino que los defiende.
Uno de los últimos cambios del año 2024 determinó la salida de Hania Pérez de Cuéllar, de Vivienda; Leslie Urteaga de Cultura; Elizabeth Galdo del Mincetur y Javier Gonzáles Olaechea de la Cancillería. Si bien los dos primeros habrían complacido a la alianza del Congreso, la salida del Canciller habría disgustado a un sector de los congresistas.
Podría hablarse del primer ministro, Gustavo Adrianzén y su activa defensa de la mandataria, o del ministro José Arista de Economía y Finanzas y su debilidad frente al Congreso, o del ministro de Salud, cercano a Alianza Para el Progreso y las pruebas Serums. Pero hay otros ministros que son los que más cuestionamientos tienen y siguen en sus cargos.
Santiváñez, Demartini y Quero
Uno de los ministros al que Boluarte le renueva la confianza, alaba y defiende es el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que no ha podido resolver el problema de la alta criminalidad en el país ni por las declaratorias de emergencia que aplicó, sino que demuestra su ineficiencia y servicio y defensa absoluta a la presidenta.
Julio Demartini, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con quien trabajó cuando ella fue la ministra de ese pliego. El caso y escándalo de corrupción del caso Qali Warma que afectó a los niños más vulnerables del país, no ha importado para que se quede en su cargo, con el blindaje de un Congreso que es implacable con quienes no son de su aceptación, pero son pasivos a los intereses de la alianza que habría con el Ejecutivo. Es el único ministro al que no ha cambiado desde el inicio de su mandato.
El ministro de Educación, Morgan Quero, hombre de confianza de Dina Boluarte, quinto en el mando, ha tenido un intento de censura por sus declaraciones contra la comunidad awajún, y ha cometido un último exabrupto en referencia a los derechos humanos de los ciudadanos que protestan, pero la presidenta lo mantiene en el cargo.
¿Dina vive en un multiverso?
Una de las frases de Dina Boluarte que más polémica ha causado en los últimos días, fue que, “con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y postre”, porque evidencia su desconexión con la pobreza que existe en el país.
O que se complazca en el trabajo del ministro Juan Santiváñez, a quien llamó de ‘valiente’ y le dijo, “lo felicito querido ministro, seguiremos trabajando, poniéndole ‘punche’ a nivel nacional para mejorar nuestras comisarías, pero para mejorar el trabajo articulado que hace nuestra Policía con la ciudadanía”, en medio del incremento de la inseguridad en el país con más asesinatos a causa del sicariato y la extorsión, olvidándose del sentir de la población.
Decir, en su último mensaje, este 31 de diciembre, que el Perú ha logrado un crecimiento económico de 3,2 %, “gracias a la paz social alcanzada, a los sólidos fundamentos macroeconómicos, a las acertadas políticas del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas y la participación de los empresarios”, sigue la tónica de verdad/mentira que ha marcado a su gobierno.
No hay paz social para la ciudadanía. Ni en lo político ni respecto a la criminalidad, la delincuencia y la inseguridad que han aumentado. Y los sólidos fundamentos macroeconómicos, sin hacer mención del preocupante déficit fiscal, demuestran su mundo paralelo u otra forma de ver la realidad.
Dina no dirige el país, es el Congreso en que está a cargo
Fue la prestigiosa revista The Economist que, en julio de 2024, dedicó una publicación cuestionando a Boluarte y a cómo “sobrevive” en el Gobierno y que resumió lo que dice y hace y sucede con Dina Boluarte.
“La respuesta corta es que ella no dirige el país”, refiriendo que “los que están a cargo son los legisladores de derecha y centristas que dirigen el Congreso, que a su vez tiene una tasa de aprobación de solo el 4%. […] Si bien Boluarte a menudo no tiene nada programado en su agenda oficial, los legisladores sí están ocupados”.
Y como se sabe, las bancadas más poderosas y las que deciden el rumbo del país y están marcando lo que buscan hacia un posible gobierno en el 2026 -y que responde a intereses particulares, a veces inconstitucionales y hasta ilegales- son Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Perú Libre, básicamente. Basta recordar las últimas contrarreformas hechas ley en contra de varios sectores que ya están afectando a los ciudadanos.
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