En el Gobierno Regional de Puno se ha generado un creciente malestar entre los trabajadores tras la decisión de despedir de manera arbitraria a cerca de 15 profesionales de la Subgerencia de Estudios Definitivos. Los afectados denuncian que, desde la asunción del subgerente Melanio Luque Ytusaca, los despidos se han convertido en una práctica reiterada y carente de justificación, creando un clima de incertidumbre y descontento en la gestión pública regional.
Denuncias de Abusos y Falta de Liderazgo
Diversos funcionarios han expresado su preocupación por la ausencia de criterios objetivos en la toma de decisiones y por lo que califican como una gestión ineficaz y sin liderazgo. Los trabajadores aseguran que los despidos no responden a necesidades organizativas, sino a decisiones arbitrarias impulsadas por un círculo cercano al subgerente, lo que ha llevado a muchos a sentirse utilizados como «títeres» en la administración.
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Además, se denuncian condiciones laborales adversas: los profesionales que permanecen en sus cargos manifiestan que no se les reconoce el esfuerzo realizado, enfrentándose a jornadas extendidas hasta altas horas de la noche sin la compensación económica correspondiente. Este escenario, según los denunciantes, constituye un abuso de autoridad que afecta tanto la integridad profesional como la calidad de los servicios prestados.
Impacto en la Gestión Pública y Llamado a la Responsabilidad
La polémica situación ha encendido las alarmas en el sector público regional, evidenciando la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en la administración. Los despidos arbitrarios y la ineficiencia en la gestión de la subgerencia podrían tener consecuencias negativas a largo plazo, no solo en la moral del personal, sino también en la eficacia de la administración regional para atender y resolver los pendientes técnicos que afectan el desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad.
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Ante este panorama, la comunidad profesional y diversos sectores de la sociedad exigen a las autoridades una investigación exhaustiva y la implementación de medidas correctivas que garanticen el respeto de los derechos laborales y la recuperación de un clima de trabajo justo y transparente.
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