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Congreso hizo mea culpa, corrigió y aprobó la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia (VIDEO)

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El Congreso de la República corrigió el error que cometió y restituyó la detención preliminar en casos de no flagrancia para luchar contra la delincuencia y la criminalidad en el país, luego de que el 14 de diciembre, aprobara la insistencia de la restitución del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal.

Como se recuerda, el proyecto de ley fue observado por la presidenta Dina Boluarte. Por eso se propuso promulgarla por insistencia. Esto, luego de las duras críticas y observaciones en contra del Congreso frente a las muertes que se han incrementado por sicariato en el país.

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, recordó el compromiso que dio y publicó un acta virtual. En esta, consideró la ampliación de los puntos que vería el Pleno este jueves 6 de marzo. Finalmente en horas de la noche los congresistas terminaron de firmar y pasó al debate. Así fue aprobada la restitución por 79 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.

Importancia de la detención preliminar

La detención preliminar en casos de no flagrancia es una herramienta que permite a las autoridades judiciales ordenar la captura de personas sospechosas de cometer un delito, incluso si no se les sorprendió en el acto.

Los seis votos en contra son de los congresistas de Perú Libre que han defendido a su líder prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.

Al haberse eliminado, diversos sectores como colegios de abogados, Ministerio Público, advirtieron que esta limitación afectaba la capacidad de los fiscales para actuar de manera efectiva en investigaciones criminales.

La eliminación de la detención preliminar ha generado un vacío en el sistema de justicia penal, señaló el Ministerio Público el pasado 5 de febrero.

“La eliminación de esta medida, en casos de no flagrancia, impide a los fiscales solicitar la detención de presuntos autores de delitos graves como: violación sexual, asesinato, robo, sicariato, extorsión, actos de corrupción, entre otros; facilitando que estos eludan la justicia, lo que afecta la protección de las víctimas y testigos. Además, dificulta el combate efectivo contra la criminalidad, ya que pone en riesgo las pruebas en perjuicio de la sociedad”, plantearon.

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