La Municipalidad Distrital de Potoni, ubicada en la provincia de Azángaro, enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos provenientes del canon. Según un reciente informe de la Contraloría General de la República, se habrían detectado inconsistencias en la gestión de estos fondos, lo que ha generado malestar y preocupación en la comunidad local.
Irregularidades detectadas por la Contraloría
El informe señala que tras una revisión exhaustiva de la documentación municipal, se identificaron fallas administrativas en el uso de los recursos destinados al desarrollo del distrito. Estas irregularidades fueron notificadas formalmente al alcalde Gonzalo Yrpanocca Machacca, quien ahora deberá responder a las observaciones señaladas por el órgano de control.
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Este procedimiento se llevó a cabo bajo la directiva de «Acción de Oficio Posterior», una medida que permite a la Contraloría intervenir de manera preventiva para advertir posibles problemas en la administración pública. El objetivo es garantizar que las anomalías sean subsanadas de forma inmediata, evitando así un impacto negativo en la gestión municipal.
Plazo para responder y medidas correctivas
La municipalidad tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para presentar un plan de acción que detalle cómo se subsanarán las observaciones realizadas. Asimismo, deberá incluir propuestas concretas para prevenir que estas situaciones se repitan en el futuro.
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Por su parte, la Contraloría ha solicitado la intervención de la Municipalidad Provincial de Azángaro para que supervise el cumplimiento de las recomendaciones. Este proceso busca no solo corregir los errores detectados, sino también promover una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
Exigencia de la comunidad: transparencia y responsabilidad
La situación ha despertado el descontento de los vecinos del distrito, quienes demandan explicaciones claras sobre el destino del dinero asignado al desarrollo local. Los ciudadanos exigen que las autoridades actúen con responsabilidad y aseguren que los recursos del canon sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la población.
El caso de Potoni pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y fiscalización en las municipalidades. La comunidad y las autoridades regionales estarán vigilantes para garantizar que este proceso no solo solucione los problemas actuales, sino que también siente un precedente para una gestión pública más transparente y eficiente.
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