El 22 de marzo del 2025, el presidente del comité de gestión de la carretera Santa Rosa–Nuñoa, Hermógenes Zamata Mamani, sufrió una violenta golpiza a manos de ronderos de Nuñoa y Orurillo mientras circulaba en motocicleta. Desde la cama del hospital de Juliaca, el dirigente detalla una madrugada de terror que, según denuncia, vulnera flagrantemente sus derechos.
Crónica de una agresión injustificada
Zamata Mamani asegura que, sin haber sido citado formalmente y pese a no pertenecer a las rondas campesinas, fue intervenido por varios miembros de estas organizaciones cuando transitaba rumbo a Nuñoa. Lo obligaron a presentarse en un acto “de rendición” organizado por Emeterio Puma Mamani, dirigente de Orurillo, y moderado por Edmundo Huamán Condori.
“Me sacaron de la moto y me llevaron al centro de la plaza; no entendía qué pasaba. Luego vinieron más de 15 mujeres, bajo órdenes de Víctor Huanca Zamata y Domingo Zarco Pari, y comenzaron a despojarme de mi ropa” —relata Zamata Mamani.
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Allí, lo hicieron arrodillarse sobre piedras, lo golpearon con huaracas cubiertas de alambre y espinas, y lo ataron a un poste mientras le rociaban agua helada. El calvario duró un promedio de cinco horas.
Consecuencias físicas y denuncia formal
El dirigente fue trasladado de emergencia al hospital de Juliaca con un absceso periescrotal, múltiples contusiones y riesgo de infección por las heridas expuestas. “Me han salvado la vida, pero esto no puede quedar impune”, advirtió desde su cama.
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Una vez reciba el alta médica, Zamata Mamani presentará una denuncia penal contra los responsables de la agresión. Además, ha solicitado la intervención del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para que se investigue si otras víctimas han sido sometidas a castigos similares.
Reacción de la comunidad y el rol de las rondas campesinas
La noticia ha generado profunda preocupación en Juliaca y Nuñoa. Vecinos y autoridades locales exigen medidas preventivas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales y eviten actos de violencia extrajudicial.
- Defensoría del Pueblo: Ha instado a las rondas a adecuarse al marco legal y recordó que sólo las autoridades judiciales pueden imponer sanciones.
- Municipalidad de San Román: Anunció que reforzará el patrullaje en la zona y coordinará con la Policía Nacional.
Este episodio enciende el debate sobre la legitimidad y el control de las rondas campesinas en Puno. Si bien estas organizaciones cumplen un rol histórico de vigilancia comunitaria, expertos advierten que, sin mecanismos de supervisión claros, pueden convertirse en instrumentos de arbitrariedad.
Llamado a la justicia y garantías
Hermógenes Zamata Mamani concluyó:
“Nadie merece ser castigado sin posibilidad de defensa. Este hecho debe servir de precedente para reforzar el Estado de derecho en nuestras comunidades.”
La vigilancia ciudadana, la acción coordinada de las autoridades y la supervisión de organismos de derechos humanos serán clave para que casos como este no se repitan. La investigación que se avecina será determinante para esclarecer responsabilidades y restaurar la seguridad en Juliaca, Nuñoa y Orurillo.
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