Huánuco, Perú – El Consejo Regional de Huánuco ha manifestado una profunda preocupación tras una inspección inopinada que reveló importantes retrasos y presuntas irregularidades en cuatro proyectos de infraestructura pública, con una inversión que supera los S/ 27 millones. Estas obras, vitales para el desarrollo de las provincias de Huamalíes y Dos de Mayo, presentan desequilibrios significativos entre su avance físico y financiero, así como serias deficiencias en la supervisión técnica.
La investigación fue liderada por Ricardo Prado García, presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional. Durante las visitas de fiscalización, se constató que las condiciones en campo difieren notablemente de lo establecido en los contratos y la normativa vigente. La situación exige una acción inmediata por parte del Gobierno Regional, dado el impacto directo en la calidad de vida de miles de ciudadanos.
Uno de los casos más alarmantes es la construcción de la carretera Ishanca–Taparaco, valorizada en más de S/ 27 millones. A pesar de que el contrato fue firmado en diciembre de 2025 con un plazo de 270 días, y una culminación proyectada para septiembre de 2026, la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registra un avance físico de apenas 0.3%. Sin embargo, ya se han devengado cerca de S/ 7 millones, una disparidad que genera serias dudas.
La inspección de la comisión encontró el campamento de la carretera presuntamente abandonado, sin rastro de maquinaria pesada ni profesionales de la empresa contratista. Esta vía es de importancia estratégica, ya que conectará Huamalíes y Dos de Mayo con el corredor logístico que articula la operación de la minera Antamina con el Puerto de Chancay, lo que subraya la urgencia de su correcta ejecución.
Otro proyecto bajo escrutinio es el polideportivo San Cristóbal en Chavín de Pariarca. El consejero Prado García alertó sobre su construcción en una zona de alto riesgo de deslizamiento, a lo que se suma la ausencia de una dirección técnica permanente en la obra. La incompatibilidad entre el avance financiero y lo verificado físicamente agrava la situación, poniendo en riesgo la inversión pública y la seguridad de futuros usuarios.
El sistema de agua potable de La Unión, en la provincia de Dos de Mayo, es un ejemplo de dilación extrema, con 13 años en ejecución. A pesar de la implementación del sistema de cloración, la infraestructura aún no está completamente operativa, y la instalación domiciliaria individual para más de 280 usuarios sigue pendiente. Esta demora prolongada niega a la población el acceso a un servicio básico fundamental.
Finalmente, en el centro de salud de Pachas, también en Dos de Mayo, el escenario encontrado fue de desorden, falta de vigilancia y trabajos inconclusos en áreas críticas como el techado, instalaciones y equipamiento. Estas condiciones no solo representan riesgos estructurales, sino que también retrasan significativamente la puesta en funcionamiento de un establecimiento sanitario esencial para la comunidad.
El informe de fiscalización será elevado al pleno del Consejo Regional para que se evalúen las posibles acciones administrativas y contractuales contra las empresas responsables y los funcionarios implicados. El Consejo Regional ha exhortado al Ejecutivo regional a cumplir estrictamente los plazos y condiciones pactadas, enfatizando que la población de Huamalíes y Dos de Mayo no puede esperar más por la culminación de proyectos que, en algunos casos, se arrastran por más de una década.
