jueves, junio 13, 2024

DRE Huánuco otorgó irregularmente víveres a trabajadores y generó perjuicio mayor a 100 mil soles

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La Contraloría General de la República detectó la compra irregular de canastas de alimentos para beneficiar a más de 100 servidores públicos de la Dirección Regional de Educación (DRE) en los años 2020, 2021 y 2022. Los alimentos fueron entregados en diciembre de cada año como canastas navideñas lo que generó un perjuicio económico por S/ 109 mil.

Según el Informe de Control Especifico n.° 036-2023-2-0702-SCE las canastas de alimentos entregadas en los años 2020 y 2021 fueron comprados a través de la partida alimentos y bebidas para consumo humano, cuando esta partida no podía ser utilizada para dicho fin, sino para dotar de alimentos en capacitaciones y/o eventos de naturaleza similar. La única justificación de las distintas áreas fue solicitud de alimentos para los trabajadores.

Cada trabajador habría recibido una canasta valorizada en S/ 220, así mismo las órdenes de compra no tenían cotizaciones, tampoco cuadros comparativos de precios como establecía la directiva de la oficina de abastecimiento.

En el año 2020 fueron 119 trabajadores y en el siguiente 103 los beneficiados. En esos dos años la DRE Huánuco gastó S/ 48 292 para entregar canastas a los directivos, administrativos y servidores que tenían contrato administrativo de servicios (CAS) y del régimen laboral 276. 

Respecto a la entrega de canastas de vivieres del año 2022, los funcionarios de la entidad usaron recursos del compromiso de desempeño para adquirir las canastas de alimentos y beneficiar a 130 trabajadores cuando tampoco correspondía hacerlo, ya que dicho presupuesto de desempeño estaba destinado a priorizar equipamiento, mantenimiento de infraestructura educativa y otros. En ese año la entidad gastó S/ 61 200.

Según el informe técnico de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) solo se puede otorgar estos beneficios mediante un convenio colectivo entre la entidad y los trabajadores ya que estas entregas implicarían un incremento de su remuneración lo que está prohibido en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Son ocho los funcionarios públicos a quienes se les halló responsabilidad civil y administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría por haber tramitado y autorizado la compra de canastas navideñas cuando la Ley del Presupuesto Público de dichos años lo prohibía, lo que generó un perjuicio de S/ 109 492.  La Contraloría recomendó a la procuraduría pública especializado en delitos de corrupción a iniciar las acciones civiles contra los funcionarios públicos comprendido en los hechos irregulares.

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