La Fiscalía Provincial Penal de Marañón ha iniciado diligencias preliminares ante las graves sospechas de irregularidades en la adquisición de papel bond por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Marañón. Esta investigación surge a raíz de una denuncia que señala inconsistencias significativas en el proceso de compra, el cual se habría realizado en los últimos días del año 2025.
Las anomalías detectadas abarcan diferencias sustanciales en las cantidades de material solicitado y el efectivamente adquirido, así como discrepancias en los precios unitarios y las fechas de ingreso de los bienes al almacén institucional. Estos hallazgos plantean serias dudas sobre la transparencia y legalidad de la transacción, poniendo en el punto de mira la gestión de recursos públicos destinados al sector educativo.
Según la información fiscal, la denuncia detalla que, si bien se había solicitado la compra de 500 paquetes de medio millar de papel bond de 75 gramos, presuntamente solo se adquirieron 438 paquetes. A esta diferencia en volumen se suma la objeción sobre el precio: cada paquete se habría comprado a S/ 17.70, un valor notablemente superior al precio minorista referencial de S/ 13.90. Estas cifras clave son el epicentro de la pesquisa, que busca dilucidar el destino de los fondos públicos.
La investigación se centra en determinar si los bienes ingresaron realmente al almacén en las fechas registradas o si existió una manipulación posterior de la documentación, lo que podría configurar un esquema de irregularidades. El Ministerio Público está evaluando la posible comisión de delitos como patrocinio ilegal, colusión y falsificación de documentos, delitos que atentan directamente contra el Estado y la institución educativa.
Las diligencias preliminares han sido encomendadas a la Comisaría PNP de Huacrachuco, con un plazo de 30 días para su ejecución bajo la estricta conducción del Ministerio Público. Como parte crucial de la investigación, se tomará declaración a Nehemías Melanio Espinoza Ocaña, presidente del Frente de Defensa de Huacrachuco – Marañón, quien fue el principal denunciante de estos hechos.
Asimismo, la Fiscalía ha cursado un requerimiento formal al director de la UGEL Marañón, Rosario Edgar Murga Velásquez, solicitando la remisión de copias certificadas de todo el expediente administrativo vinculado a la compra. Esto incluye registros detallados del SIGA y SIAF, tales como actas de ingreso, conformidades, kardex, inventarios y actas de salida correspondientes a los periodos relevantes. La verificación de estos documentos es fundamental para establecer la trazabilidad del bien.
Un aspecto clave de la indagación es la solicitud a la Sunat para verificar la validez de la factura E001-339 y la guía EG07-00000034. Esta medida busca confirmar la autenticidad de las operaciones, el transporte de los productos y cualquier posible vínculo irregular entre los proveedores y los funcionarios de la UGEL Marañón. Para esclarecer estos puntos, se ha dispuesto la declaración de representantes de las empresas proveedoras Multiservicios Luis, Multiservicios Jonás y Multiservicios Félix.
Además de los proveedores, deberán comparecer ante la Fiscalía diversos funcionarios de la UGEL Marañón, incluyendo al director, al responsable de almacén, al especialista de abastecimiento, a la jefa de Administración y Gestión Administrativa (AGA), a la jefa de Gestión Pedagógica (AGP) y al especialista de educación secundaria. El objetivo es determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales en este caso que afecta directamente la integridad de los fondos públicos y la confianza en las instituciones educativas. Por el momento, la investigación se mantiene en etapa preliminar, y no se ha establecido responsabilidad alguna.
