La sensación de inseguridad en la provincia de Sandia ha tocado máximos históricos, reflejando un problema que trasciende fronteras locales y adquiere carácter regional y nacional. León Garrido Cáceres, exdirigente social de Sandia, advierte que la falta de respuesta efectiva de la Policía Nacional y la presunta corrupción interna están alimentando una crisis de confianza ciudadana.
Inseguridad estructural en toda la región
Garrido Cáceres destaca que las zonas con mayor dinamismo económico, como Juliaca y la franja norte de Puno ‘incluyendo comunidades de Zambia, Carabaya, San Antonio, Rinconada y Ananea’ son los principales blancos de la delincuencia. “La inseguridad no es un problema aislado de Sandia; afecta a toda la región y se ha venido gestando desde hace años, sin que hasta ahora se encuentre una solución de fondo”, explicó el exdirigente.
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Responsabilidad y omisión policial
La población cuestiona el rol de la Policía Nacional en garantizar la protección ciudadana. Garrido denuncia que “la institución encargada de velar por nuestra seguridad no está cumpliendo con su deber”, al tiempo que advierte de la participación de efectivos en hechos delictivos. Testigos han reportado asaltos cometidos con armamento de largo alcance y delincuentes que visten uniformes policiales, lo que refuerza las sospechas de complicidad interna.
Corrupción y falta de transparencia
La reciente protesta en Juliaca catalizó el descontento popular y evidenció la percepción de que algunos oficiales anteponen sus intereses personales a la protección de la ciudadanía. “«hay personal de grupo Terna, etcétera, que quizás en vez de velar por nosotros, simplemente están velando por sus intereses personales». Denunció Garrido. Además, señaló la infiltración de familiares de narcotraficantes dentro de la institución, lo que compromete la integridad de investigaciones clave, como las relativas al lavado de activos.
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Propuestas de reorganización y colaboración
Para recuperar la confianza, Garrido propone una profunda reestructuración interna: trasladar a los oficiales formados en Puno hacia otras regiones y viceversa, con el fin de romper redes de influencia y mejorar la fiscalización. “Es imprescindible generar rotaciones que eviten la formación de grupos cerrados y reduzcan la corrupción sistémica”, indicó. Asimismo, aboga por un trabajo articulado entre la Policía, las autoridades locales y la sociedad civil, “porque solo con alianzas sólidas lograremos enfrentar de forma efectiva la ola delictiva”.
Hacia un retorno de la seguridad ciudadana
Ante la solicitud de relevar a la totalidad del personal policial de la provincia, Garrido reconoce las limitaciones presupuestarias, pero insiste en la necesidad de priorizar el gasto público en seguridad. “Invertir en equipos, capacitación y controles internos es más rentable que soportar las pérdidas sociales y económicas que acarrea la criminalidad”, concluyó.
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