La minería ilegal se consolida como uno de los mayores desafíos ambientales y sociales a nivel mundial, advirtió Julio Zeballos Yana, especialista en Derecho Ambiental de Puno. Sus efectos devastadores medioambientales, económicos y sanitarios demandan respuestas urgentes, pues operan al margen de toda regulación estatal y con un poder de convocatoria de recursos que supera incluso la capacidad de control gubernamental.
Minería ilegal vs. minería informal
Según Zeballos Yana, la distinción entre minería ilegal y minería informal es clave para diseñar políticas efectivas. “La minería ilegal carece de permisos, reglamentos o autorizaciones; nadie supervisa sus operaciones ni exige estándares de protección ambiental. En cambio, la minería informal aspira a formalizarse y, aunque opera al límite del marco legal, sí recurre a instrumentos estatales para regularizarse”, explicó el experto.
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El caso de La Rinconada: un laboratorio de descontrol
En Puno, el centro poblado de La Rinconada ejemplifica la gravedad del problema. A pesar de los esfuerzos de la fiscalía especializada en delitos ambientales y de la Policía Ecológica, “las políticas estatales no cuentan con recursos ni metodologías sólidas para frenar la minería ilegal. La autoridad queda superada por el financiamiento de las bandas, que rehúsan entregar sus maquinarias en caso de incautación”, indicó Zeballos Yana.
Impacto global y regional
La preocupación trasciende el oro puneño. Países productores de estaño, cobre o plata enfrentan patrones similares de destrucción de cuencas, deforestación y contaminación por mercurio. “Podremos aprobar mil convenios internacionales de protección ambiental, pero sin herramientas técnicas y logísticas para intervenir el terreno no evitaremos el deterioro irreversible de ecosistemas en la Amazonía y zonas altoandinas”, advirtió el especialista.
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Retos de control en la Amazonía
En la selva, la minería ilegal se agrava por la falta de infraestructura estatal. “Los interdictos oficiales son casi imposibles: no hay pistas de aterrizaje, vías transitables ni bases logísticas para sostener operativos prolongados”. Además, el uso indiscriminado de sustancias tóxicas, como el mercurio, contamina ríos y afecta la salud de comunidades indígenas.
Hacia una estrategia integral
Zeballos Yana propone una hoja de ruta basada en tres pilares: fortalecimiento institucional con unidades especializadas y equipamiento adecuado; cooperación internacional para compartir inteligencia y tecnología de monitoreo; e impulso a la formalización responsable de pequeña minería, que genere ingreso y empleo sin sacrificar recursos naturales. “Solo con un enfoque articulado entre Estado, sociedad civil y organismos multilaterales frustraremos las redes de la minería ilegal y preservaremos nuestro patrimonio ambiental”, concluyó.
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