Mandataria evade rol constitucional del Ejecutivo en el orden interno y omite responsabilidad en leyes que favorecen a la criminalidad
Durante una visita a las obras de la nueva Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en Chorrillos, la presidenta Dina Boluarte atribuyó la creciente inseguridad ciudadana al Ministerio Público, instando incluso a la población a protestar contra dicha institución. “La seguridad de los peruanos es de todos, no solamente del Ejecutivo. Si hay alguien a quien reclamar, es al Ministerio Público”, declaró.
Estas declaraciones han sido duramente cuestionadas por diversos sectores, que señalan que la presidenta estaría eludiendo su responsabilidad directa en la lucha contra la criminalidad, contemplada en el artículo 118 de la Constitución, que le asigna al Ejecutivo la tarea de velar por el orden interno. Además, se le critica por haber aprobado normas como la modificación de la Ley contra el crimen organizado y la llamada «Ley de impunidad», que debilitan la capacidad del sistema judicial para retener a criminales.
La jefa de Estado aseguró que su gobierno transfiere el presupuesto necesario a la Policía para realizar operativos y detener delincuentes, pero evitó mencionar la reducción de recursos al Ministerio Público, lo que limita su capacidad para investigar y procesar casos como los relacionados con extorsión.
En vez de fortalecer el sistema de justicia, las recientes declaraciones de Boluarte podrían fomentar el enfrentamiento entre poderes del Estado, afectando aún más la eficacia de la lucha contra la inseguridad.
Fuente: La República