Con mayoría fujimorista y aliada, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desestimó la denuncia por presunto cohecho contra la presidenta, pese a las evidencias del Ministerio Público
Este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, con 10 votos a favor, el informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado “caso Rolex”. La denuncia fue presentada por el ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en mayo de 2024, y señalaba a la mandataria por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, al recibir relojes de lujo y joyas por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
El informe archivado fue elaborado por la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien se amparó en el artículo 117 de la Constitución para sustentar que la presidenta no puede ser acusada durante su mandato por este tipo de delitos. La iniciativa fue respaldada por legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y otras bancadas aliadas.
La denuncia, sin embargo, incluye graves elementos recogidos por la Fiscalía, como la presunta entrega de relojes dentro del despacho presidencial y la omisión de estos bienes en las declaraciones juradas de Boluarte. La relación cercana entre la presidenta y Oscorima, y la entrega informal de artículos de lujo sin registro oficial, refuerzan para el Ministerio Público la hipótesis de corrupción encubierta.
No es la primera vez que la SAC opta por blindar a Boluarte. En julio de 2024, ya había desestimado una denuncia por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, y recientemente también archivó otra por presunto abuso de poder. La decisión aún deberá ser ratificada por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Congreso para ser definitiva.
Finalmente, el informe de Chacón sugiere que el Congreso evalúe si el exfiscal Villena incurrió en infracción constitucional por haber presentado una acusación «con fines políticos», abriendo un nuevo frente de discusión sobre la autonomía del Ministerio Público y la independencia de poderes.
Fuente: La República