La presidenta de Perú es investigada por su responsabilidad en la muerte de más de 50 personas y más de 300 heridos tras la represión durante las protestas de 2022 y 2023
Un grupo de juristas ha formalizado la ampliación de la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de ser responsable de la muerte de más de 50 personas y de dejar a 344 heridos debido a la represión policial que ocurrió durante las protestas en Perú entre enero de 2022 y febrero de 2023. Las manifestaciones estallaron tras la destitución de Pedro Castillo y su reemplazo por Boluarte, generando un levantamiento en varias regiones del país, incluyendo Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Ayacucho y Arequipa. Los manifestantes exigían la convocatoria de nuevas elecciones generales, un pedido que fue respondido con una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad.
El comunicado del grupo de juristas señala que la ampliación de la denuncia busca completar la información sobre los hechos ocurridos en los últimos meses y la situación de las víctimas, en línea con los requisitos jurídicos establecidos por la Corte Penal Internacional.
La Fiscalía está investigando a los responsables de las muertes y lesiones ocurridas, mientras la situación sigue generando tensiones tanto dentro como fuera de Perú, con un creciente llamado a la justicia para las víctimas de la represión.
Este nuevo desarrollo en la denuncia contra Boluarte podría abrir un camino para que la CPI tome acciones más directas en torno a la crisis de derechos humanos que sacude el país sudamericano desde el cambio de gobierno en diciembre de 2022.
Fuente: La República
