“Déjenme vivir mi vejez en paz” fue, en esencia, el mensaje que el expresidente Francisco Sagasti intentó hacer llegar al Congreso para frenar la denuncia constitucional en su contra. Sin embargo, sus intentos fueron en vano. Sagasti fue denunciado constitucionalmente por el pase al retiro de 18 altos mandos policiales en noviembre de 2020, tras las protestas contra Manuel Merino y la trágica muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Por esta decisión, el congresista Jorge Montoya pidió 10 años de inhabilitación y su acusación constitucional.
A pesar de que ya intuía el resultado, Sagasti ejerció su derecho a defensa. Incluso no dudó en cuadrar a la congresista fujimorista Patricia Juárez, quien intentó apresurar su intervención. Al salir del hemicirco, evidentemente molesto, dejó claro que no representa ninguna amenaza política. Afirmó que no tiene la más mínima intención de postular a la presidencia ni a ningún otro cargo, ya que está mayor y prefiere que las nuevas generaciones vistan la banda presidencial.
Así, el Congreso se deshace de otra piedra en el camino, allanando el terreno para quienes ya se frotan las manos de cara a las próximas elecciones.
Funcionaría que firmó documento que descarta desbalance patrimonial de Dina Boluarte será investigada
Vanessa Walde, la subgerente de Fiscalización de la Contraloría que parece haber descubierto el “hackeo perfecto” al sistema meritocrático estatal, es hoy la protagonista de la burocracia peruana. Con un currículum académico más inflado que un globo de cumpleaños (abogada, magíster, diplomada, docente universitaria… pero ¿experiencia en el Estado? ¡Cero patatero!), logró un puesto que exige 8 años de experiencia, algo que, según el Seace, brilla por su ausencia.
Eso sí, su licencia por maternidad desde enero y su viaje al extranjero le dieron un “descansito estratégico” justo cuando la Fiscalía Anticorrupción empezó a rascar. Recordemos que ella firmó el documento que descartaba notorias irregularidades en el patrimonio de la presidenta Dina Boluarte. La Fiscalía investiga si esto es meritocracia… o un “magister en ‘vara’, a cambio de un informe”.
Congreso se divide por ley de extinción de dominio mientras Gobierno sorpresivamente respalda a la fiscal de la Nación
Ayer les contábamos cómo la fiscal de la Nación salió a enfrentar al Congreso por la polémica modificación de la ley de extinción de dominio. Este proyecto, que ya fue aprobado en primera votación con el respaldo de las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular, representa un grave riesgo para la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público quedaría impedido de incautar bienes de investigados en organizaciones criminales, salvo que tengan una sentencia en última instancia. En otras palabras, se blindaría el patrimonio de origen ilegal.
Lo que pocos esperaban es que algunos congresistas reconocieran las graves consecuencias que traería esta medida. Es el caso de José Cueto, uno de los principales críticos de la fiscal Espinoza, a quien no le quedó otra que darle la razón. Pero no solo él, sino también el propio gobierno de Boluarte. A través de su ministro de Justicia advirtió que la ley no debe modificarse, ya que ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado.
¿Será suficiente para frenar la coalición fujicerronista procrimen?
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