El gobernador Richard Hancco Soncco, la vicegobernadora Margot de la Riva y varios de sus funcionarios de confianza recibieron beneficios indebidos en forma de cortes de tela para uniformes, un derecho reservado exclusivamente para los trabajadores sindicalizados. El valor total de este perjuicio económico asciende a S/ 18,787.20, según el Informe de Control Específico N° 158-2024-2-5350-SCE de la Contraloría General de la República.
El informe del 2 de octubre del 2024 de la Contraloría señala que el convenio colectivo 2022, que otorga estos cortes de tela, debe aplicarse exclusivamente a los trabajadores sindicalizados de la sede central del Gobierno Regional.
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No obstante, un total de 19 autoridades y funcionarios del gobierno regional recibieron, en los meses de marzo y noviembre de 2023, dos cortes. La lista de beneficiarios involucrados incluye al gobernador Richard Hancco y a la vicegobernadora Margót de la Riva Valle, así como a otros altos funcionarios como el gerente General Regional, Óscar Macedo Cárdenas; ex gerente Regional de Infraestructura, Wilhem Limachi Viamonte; Procurador Público Regional, Gerardo Iván Zantalla Prieto, entre otros.
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Lo que resulta aún más preocupante es que el procurador del Gobierno Regional de Puno, Gerardo Iván Zantalla Prieto, quien también fue beneficiario de este beneficio indebido, al parecer no tomó ninguna acción para denunciar la irregularidad, incumpliendo su rol como representante de la Contraloría General de la República.
A pesar de la evidente irregularidad, el Consejo Regional no ha iniciado investigaciones para esclarecer los hechos. Los consejeros de oposición, por su parte, no han mostrado interés en tomar acciones en este caso, lo que genera aún más dudas sobre la transparencia de la gestión de Richard Hancco.
En un intento por ocultar la situación, el gobernador Hancco dispuso el cambio del jefe de la Oficina de Administración Regional, Fredy Wilber Gauna Larico, quien había sido señalado en el informe, nombrando a Rubén Wilber Zapana Paucar en su lugar. Sin embargo, este cambio no resuelve la irregularidad, sino que alimenta la percepción de encubrimiento.
Esta falta de acción para investigar al gobernador de Puno, a la vicegobernadora, a los funcionarios y al mismo procurador, por haber sido beneficiado indebidamente con los cortes de tela para uniformes, no solo socava la confianza de la ciudadanía, sino que refuerza la impunidad de aquellos que, en lugar de servir al pueblo, se benefician de las arcas del Estado.
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