Dina Boluarte tiene plazo limitado como presidenta del Perú, y con ello se le acaba la protección. Y a pesar de todos los roces que ha tenido con la Fiscalía, en cada escenario posible, las investigaciones no se detuvieron. Este jueves, se conocieron dos malas noticias que complican aún más su situación legal.
El Ministerio Público le dio un plazo de 24 horas para entregar las supuestas 91 normas que asegura haber firmado mientras se recuperaba de su rinoplastía, junto con el historial clínico que justificó su “desaparición” del cargo. Boluarte proporcionó esta información durante su declaración en la investigación por presuntos delitos de omisión de funciones y abandono de cargo en agravio del Estado.
Por si eso fuera poco, también se designaron fiscales del Equipo Especial encargado de investigar las muertes en las protestas sociales. Estas investigaciones se realizarán en despachos de Derechos Humanos e Interculturalidad en regiones como Amazonas, Arequipa, Cusco, Lambayeque, Piura y La Libertad.
Ay Dina, la justicia tarda, pero llega.
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