La rendición de cuentas de la campaña Respira Collao, organizada para recaudar fondos destinados a la compra de equipos médicos durante la pandemia de COVID-19, ha desatado un escándalo en Puno. La actividad, llevada a cabo en un ambiente de secretismo, fue calificada por varios actores como irregular y carente de transparencia.
Augusto Zúñiga, representante de la Hermandad de la Feligresía de Ilave, no dudó en señalar que el evento tuvo lugar “entre gallos y medianoche”, sin la participación de autoridades ni representantes de la sociedad civil. “Se está presentando una denuncia en la Fiscalía”, subrayó Zúñiga.
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La campaña Respira Collao, cuyo propósito era recolectar fondos para la compra de equipos médicos como balones de oxígeno y concentradores, logró recaudar más de 86 mil soles. Sin embargo, los cuestionamientos no tardaron en surgir, ya que la cantidad recaudada fue considerada excesiva en relación con los precios actuales de los equipos.
Por ejemplo, los balones de oxígeno, cuyo precio supera los 2 mil soles, hoy se comercializan por menos de 900 soles. Además, se adquirieron concentradores de oxígeno y otros equipos, lo que genera dudas sobre la adecuada gestión de los recursos.
El principal señalado en este escándalo es el padre Edgar Maquera, presidente de la Comisión Respira Collao, quien ha sido acusado de presuntas irregularidades en la administración de los fondos recaudados. Además, se le imputa el abandono de los templos y la retención indebida de las garantías por servicios religiosos como bautizos y matrimonios, un hecho que el padre Maquera intentó justificar, prometiendo devolver el dinero a quienes lo solicitara.
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La controversia también ha alcanzado al Obispado de Puno, presidido por Ciro Quispe, que se encuentra en el ojo del huracán debido al retiro de tres sacerdotes de raíces aymaras. Zúñiga denunció actos de discriminación y exigió la reposición de los clérigos desplazados. De no cumplirse esta solicitud, advirtió que se tomarían otras medidas.
El futuro de la investigación está en manos de la Fiscalía, donde se formalizará la denuncia por las presuntas irregularidades. En medio de la creciente indignación de la población, las autoridades deberán dar respuesta a los reclamos de transparencia y justicia que se están alzando desde diversos sectores de la sociedad.
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