Escrito por Walter Aduviri.
La tragedia del 9 de enero de 2023 en Puno representa una de las heridas más profundas en la historia reciente del Perú, un día que quedará grabado en la memoria colectiva como símbolo de la violencia estatal y la indiferencia institucional. Los números son estremecedores: 19 ciudadanos puneños perdieron la vida y decenas más resultaron heridos en lo que comenzó como una protesta pacífica y terminó en una represión desproporcionada.
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La cronología de los hechos revela un patrón preocupante. Entre el 7 y 9 de enero, según el libro de Américo Zambrano “nuestros muertos” menciona que más de 500 efectivos policiales fueron desplegados desde Lima, Cusco y Arequipa, bajo el pretexto oficial de reforzar la seguridad del aeropuerto Inca Manco Cápac.
Sin embargo, los acontecimientos posteriores sugieren que esta movilización masiva de fuerzas del orden respondía a una estrategia de represión contra los manifestantes que habían expresado su respaldo al expresidente Pedro Castillo. Las órdenes emanaron directamente del comando supremo de las Fuerzas Armadas, entonces bajo la dirección de la presidenta Dina Boluarte, quien llegó al poder en circunstancias que muchos ciudadanos cuestionan por representar un alejamiento radical de sus promesas de campaña y principios inicialmente declarados.
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Las palabras de Martin Luther King resuenan con particular intensidad en este contexto: «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes». Esta reflexión adquiere un significado especial cuando observamos la sistemática inacción de las instituciones peruanas frente a los sucesos de Juliaca.
A dos año de la tragedia, la justicia sigue siendo una promesa incumplida para los deudos y las víctimas. Los cinco congresistas que representan a la región han demostrado una preocupante indiferencia hacia el caso, limitándose a mencionar los hechos en discursos oportunistas mientras su labor legislativa carece de iniciativas concretas para esclarecer los acontecimientos o buscar justicia para las víctimas.
El rol del gobierno regional de Puno merece un análisis particular. El gobernador, a pesar de su formación de abogado y exfiscal y su posición estratégica en las asambleas nacionales de gobernadores regionales, ha mostrado una notable pasividad frente a la tragedia. Su comportamiento en los espacios de diálogo con el gobierno central ha sido especialmente cuestionable: en lugar de aprovechar estos encuentros para exigir respuestas y responsabilidades, se ha limitado a mantener una relación protocolar con el ejecutivo, evitando cualquier confrontación significativa sobre los hechos del 9 de enero.
Los testimonios sobre su actuación durante el día de la tragedia son particularmente reveladores: mientras la violencia escalaba en las calles de Juliaca, el gobernador presuntamente se encontraba en su despacho, compartiendo un almuerzo con funcionarios cercanos, sin tomar las medidas urgentes que su cargo y la situación demandaban.
La inacción del gobierno regional se extiende más allá de ese día fatídico. No se han realizado gestiones significativas ante el Ministerio Público ni el Poder Judicial para acelerar las investigaciones. El silencio oficial ante el traslado del caso a Lima, una maniobra que muchos consideran destinada a dificultar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, resulta especialmente preocupante. Este patrón de comportamiento sugiere una abdicación de las responsabilidades fundamentales que tiene la autoridad regional frente a sus ciudadanos.
Las palabras del ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, «La justicia social es un derecho humano fundamental», adquieren especial relevancia en este contexto. Esta declaración no solo nos recuerda la importancia de la justicia como pilar de una sociedad democrática, sino que también subraya la responsabilidad colectiva en su búsqueda y preservación. La justicia social no puede ser un concepto abstracto, sino que debe materializarse en acciones concretas y compromisos tangibles por parte de las autoridades.
El caso de las víctimas del 9 de enero en Juliaca representa un desafío fundamental para la democracia peruana. La falta de justicia no solo afecta a las familias directamente involucradas, sino que erosiona la confianza en las instituciones y debilita el tejido social. Es imperativo que las autoridades regionales y nacionales asuman su responsabilidad histórica, apoyen activamente a los deudos y exijan al sistema judicial una investigación exhaustiva que identifique y sancione a todos los responsables de esta tragedia.
La memoria de las 19 víctimas y el dolor de sus familias exigen más que discursos vacíos y gestos protocolares. Demandan un compromiso real con la verdad, la justicia y la no repetición de estos hechos trágicos. Solo a través de acciones concretas y una voluntad política genuina podremos comenzar a sanar las heridas que el 9 de enero dejó en el corazón de Puno y del Perú entero.
Nota: Esta pagina de opinión fue escrito por Walter Aduviri Calizaya desde la clandestinidad y compartida en redes sociales.
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